El Ejército siembra terror y se vislumbra desplazamiento masivo
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El domingo 3 de enero de 2016, luego de haberse efectuado una reunión de la junta de acción comunal del corregimiento de San José de Apartadó, el presidente encargado fue abordado por el teniente Amariles, del Batallón Voltigeros de la Brigada 17 del Ejército.
De manera abusiva y amenazante el oficial instó al dirigente campesino para que trabajara con el Ejército como informante. “Ahora que Arley y Laura están en prisión sí vamos a poder trabajar con la junta de acción comunal y ahora sí se van a venir los proyectos para este pueblo”, le dijo el uniformado.
El agente represor del régimen también le dijo al campesino que las órdenes venían desde las altas esferas de poder y le relató todos los temas que se habían tratado en la reunión de la junta horas antes para darle a entender que los militares mantienen infiltrada a la población civil.
Así mismo los militares fotografiaron al dirigente junto a otros soldados y le ofrecieron mercados y plásticos para la comunidad, ofertas que rechazó.
El día siguiente, lunes 4 de enero a eso de las 11 de la noche, una camioneta blanca de alta gama, con vidrios polarizados, recorrió sigilosamente las calles del poblado. En el interior posiblemente iba personal militar y en platón un sujeto encapuchado, posiblemente un paramilitar.
Después llegaron otros cuatro sujetos encapuchados, al parecer militares, hasta la casa de la suegra del presidente de la junta de acción comunal. Los terroristas del régimen le dijeron a la señora que le indicara al dirigente agrario que dejara de “mariquiar” con eso de la junta de acción comunal si no quería perder a su familia.
Ante las graves amenazas el presidente de la junta manifestó su intención de abandonar el pueblo junto con su familia. Igualmente la población se encuentra atemorizada ya que recuerda el terror que han sembrado en la zona de manera conjunta militares y paramilitares desde la década del 90 del siglo pasado, perpetrando masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.
Según la denuncia del Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó, el poblado permanece militarizado de manera exagerada infringiendose gravemente el Derecho Internacional Humanitario.
Los militares recorrieron el casco urbano durante varias horas poniendo a la población civil en peligro. Corrían de un lado a otro y varios soldados entraron de forma abusiva a las viviendas, entre ellos el coronel Rojas Díaz, poniendo a los residentes como escudos humanos.
Los uniformados repartieron dulces a los niños y fotografiaron a todas las personas. Del mismo modo se apostaron en los caminos que de las veredas conducen al casco urbano y fotografiaron a los transeúntes.
“El temor que todo este despliegue de guerra ha generado en la población hace prever un posible desplazamiento forzado por cuenta del Ejército, poniendo en riesgo el tejido social y organizativo de la comunidad”, dice el comité.
El pasado 22 de diciembre, víctimas de falsos positivos judiciales, fueron detenidos y procesados Jesús Arley Cartagena y Laura Rosa Cataño Serna. El primero era el coordinador del comité de derechos humanos y reconocido líder de la comunidad campesina del corregimiento de San José de Apartadó.
Mientras que la segunda era la presidenta de la Junta de Acción de Comunal del casco poblado del corregimiento y miembro de la Asociación Campesina de San José de Apartadó y del Comité de Derechos Humanos.
El 24 de diciembre anterior Laura Rosa Cataño, de 55 años, fue recluida en el centro carcelario El Pedregal de Medellín. Ella padece una afección cardiaca crónica por la cual ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente y tiene que tomar medicamentos de carácter permanente.
Desde la fecha de su captura no se le ha suministrado los medicamentos y no ha sido posible conseguir la autorización del centro carcelario para ingresarlos. La víctima del terrorismo de Estado requiere además una dieta especial sin azúcares, harinas y frituras, dieta que el régimen carcelario no le va a suministrar, por lo que el Estado es responsable de lo que le pueda pasar.
Por su parte el dirigente campesino Arley Cartagena fue recluido en la cárcel Bellavista de Medellín desde el 28 de diciembre de 2015. Antes de su detención venía padeciendo un posible cuadro patológico de Tuberculosis y tenía programado un examen médico para confirmar o descartar el diagnóstico.
Desde su llegada al centro carcelario se encuentra en el área de sanidad durmiendo en el suelo sin que hasta el momento se le haya ofrecido asistencia médica, lo que ha empeorado el estado de salud de la víctima. Como en el caso anterior el Estado es responsable por la vida y la salud del campesino y los demás internos de esa cárcel ya que podría desencadenarse una epidemia debido al alto grado de contagio.
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