sábado, junio 15, 2013

Tibú, Norte de Santander
La Cuatro amaneció en “guerra”
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El corregimiento La Cuatro, jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander, amaneció con fuertes enfrentamientos entre los escuadrones Esmad y unos 2.000 campesinos que protestan por la grave crisis
humanitaria y el abandono de la región por parte de los gobiernos local, departamental y nacional.

Los labriegos iniciaron la movilización el pasado 11 de junio concentrándose en el corregimiento mencionado a la espera de que el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, el ministro del Interior Fernando Carrillo, el ministro de Agricultura y la gerente del Icoder,  entre otros, se  sienten a dialogar con ellos.


Unos 100 policías del Esmad entraron sorpresivamente al corregimiento desde las seis y media de la mañana atacando a los campesinos con gases lacrimógenos. Estos respondieron con piedras y palos, quedando los residentes del caserío en medio de los disturbios.

El saldo parcial de la refriega hacia las 11 de la mañana era de dos casas quemadas parcialmente, un campesino herido, cuatro personas detenidas por la Policía y tres  miembros del Esmad heridos levemente.

En horas del mediodía persistían los enfrentamientos en el casco urbano de Tibú, en el sitio conocido como Tres Bocas y hacia el lado de La Gabarra en donde, según versiones no confirmadas, el Ejército le quitó a
la comunidad que se dirigía hacia Tibú el combustible que traían para los vehículos, haciendo que los campesinos trataran de recuperarlo por la fuerza alentando las escaramuzas.

Voceros de los campesinos en diálogo con Notimundo dijeron que “Lo que queremos es hablar con las diferentes esferas del gobierno para acordar soluciones a la problemática que padecemos, pero la respuesta
que se nos da es la brutal agresión".

Así mismo los campesinos dijeron que continuarán la protesta hasta que altos representantes del gobierno hagan presencia en el lugar para iniciar conversaciones. Igualmente expresaron que más campesinos procedentes de diferentes municipios se concentrarán en La Cuarta.

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Nacionales

Desafuero Penal Militar/
ONU reafirma que ampliación del fuero militar es un retroceso

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos consideró que la reforma constitucional en la que trabaja el Congreso colombiano al fuero militar del país andino, es “innecesaria” y el proyecto los mantiene en “profunda preocupación”. Más información.

Presentado Noveno Informe Asturiano de DDHH Colombia

Este año, estando en Colombia, leímos en los medios: 11mil has entregadas. ¿una burla?. Se consideran siempre más de 5 millones de tierras robadas. Más información.

Internacionales

viernes, junio 14, 2013

Tibú, Norte de Santander
“Nuestra protesta es hasta que el Gobierno nos escuche”: líder campesino
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Al menos 2.000 campesinos procedentes de las  veredas del municipio de Tibú , Teorama y Convención, Norte de Santander, se encuentran concentrados en el corregimiento La Cuatro, sobre la vía que comunica a La Gabarra con Cúcuta, la cual mantienen bloqueada.

Las comunidades vienen protestando desde el pasado 11 de junio debido a que el gobierno no ha querido escuchar la reclamación de los habitantes sobre la grave crisis humanitaria y el abandono que padece la región. .

El líder campesino Olmer Pérez, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, le dijo a Notimundo que la protesta es por tiempo indefinido “hasta que el Gobierno nos escuche”.

Igualmente dijo que en las próximas horas se sumarán a la movilización al menos otras mil personas que vienen en camino.

Ascamcat denunció que a las 11 de la mañana de este viernes, miembros de la Policía hostigaron al presidente de la Asociación de Juntas Comunales, Asojuntas, Oner Galván, a la altura del corregimiento la Gabarra.

Galván se dirigía hacia Cúcuta para reunirse con el ministro de Agricultura Francisco Estupiñán y Miriam Villegas, gerente del Incoder.

Empuñando sus armas y de manera amenazante, los policías abordaron el vehículo en el que se transportaba el presidente de Asojuntas junto con otras personas, quienes les reclamaron a los agentes el porqué de la actitud hostil.

Los uniformados respondieron que si no les gustaba llamaran al procurador y pusieran la queja. Los ofendidos preguntaron la identidad a los agentes pero estos no solo se negaron, sino que  obligaron a Galván y sus acompañantes a ir hasta la estación de Policía.

“Denunciamos ante la Defensoría y la Procuraduría el accionar de la Fuerza Pública y solicitamos de manera urgente garantías para la delegación que sostendrá una reunión en la gobernación del departamento, con el objetivo que se concerté la sesión extraordinaria de la Mesa de Interlocución y Acuerdo en el municipio de Tibu, Norte de Santande”, afirmó Ascamcat.

jueves, junio 13, 2013

Tibú, Norte de Santander
Organización campesina Ascamcat saluda la movilización social y dice que no tiene relación con los desórdenes
Por Camilo Raigozo

Mediante un comunicado la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, aclaro que saluda la movilización y la protesta social de las comunidades pero desmiente que su organización esté relacionada con los incidentes de violencia en Tibú.

“Ninguno de nuestros integrantes hace parte de la justa expresión de protesta popular en el casco urbano de Tibu”, sostiene.

“En primer lugar, saludamos el proceso de movilización social que se está llevando a cabo en la zona rural del municipio de Tibú en defensa de los derechos del campesinado y el reclamo de sus justas exigencias, relacionadas  con nuestra abierta oposición a los diferentes planes antipopulares, excluyentes y de expoliación promovidas por el Gobierno a favor de las multinacionales”, dice un aparte del documento

Ascamcat advierte que algunos medios han presentado informaciones falsas que vinculan a esa organización con los hechos de violencia contra algunas propiedades públicas y edificaciones privadas en el casco urbano de Tibú.

“Aclaramos, que nuestra asociación no tiene nada que ver con esos hechos. Nuestra movilización se limita a lo que acontece en el lugar llamado “La cuatro”, fuera del casco urbano de Tibú, aproximadamente a 4 kilómetros, donde actualmente nos encontramos más de 600 campesinos”, dice el comunicado.

Ascamcat dice entender las razones que tiene la población Tibuyana para actuar por las vías de hecho contra los poderes local, departamental y nacional y las autoridades  judiciales, como única fórmula para que su voz sea escuchada.

“Sin temor a equivocarnos, la población Tibuyana tiene motivos suficientes para llevar a cabo esta justa protesta, teniendo en cuenta la grave situación social, laboral y económica, así como la profunda crisis humanitaria que se vive en la zona”, recalca el documento.

Ascamcat afirma que su movilización tiene como objetivo la exigencia a las diferentes esferas del Gobierno de los siguientes puntos:

Restauración de la interlocución con el estado a través de la Mesa de Interlocución y Acuerdo,  MÍA. La declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina en la región de Catatumbo.

Rechazo a la implementación de los proyectos de la locomotora minera y la política guerrerista del plan de consolidación.

La sustitución gradual de cultivos de uso ilícito a través de proyectos productivos sostenibles, gubernamentales y de manera consensuada con las comunidades.

“Es muy lamentable que los gobiernos de turno en sus diferentes niveles solo atiendan las diferentes demandas de las comunidades, cuando estas actúan por vías de hecho, actitud gubernamental que contradice la real voluntad de paz y reconciliación entre todos los colombianos por parte de las autoridades”, Afirma la organización agraria.

miércoles, junio 12, 2013

Desafuero Militar/
A la ONU le preocupa aprobación de Fuero Militar en Colombia
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La ONU, el sistema interamericano de derechos humanos y al menos 400 organizaciones nacionales y extranjeras defensoras de los derechos humanos, continúan muy preocupadas por la aprobación-

en el Congreso colombiano de reformas sobre la ampliación de Fuero Penal Militar, porque conduce a que los abusos parte de miembros del Ejército y la Policía, queden en la impunidad.

Todd Howland, jefe de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, advirtió ante los medios que en un país con un conflicto como el colombiano, este tipo de reformas son inversas a los derechos humanos.

Igualmente expresó que aunque se ha venido reuniendo con el Congreso y el ministro de Defensa, no ha sido posible que modifiquen los artículos que generan preocupaciones.

“Claro que tenemos muchas preocupaciones y no va a ser fácil cambiar esta propuesta para que sea de conformidad con estas obligaciones, pero estamos en comunicación, estamos dando insumos y esperamos que se acepten nuestras críticas y se vaya cambiando”, señaló Howland a los medios.

“Cualquier ley o reforma que impida la reparación de las víctimas o la aplicación de justicia se convierto en un factor de violación de derechos humanos”, dijo el representante de la ONU. 

La ONG internacional Human Rights Watch demostró recientemente que la aprobación de la ampliación del Fuero Militar conduce inevitablemente a que los crímenes y demás violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías quedan en la impunidad y por ende el número de estos delitos crecerá exponencialmente.


Tibú, Norte de Santander
El régimen con los Esmad agredió brutalmente protesta pacífica campesina
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, denunció la brutal represión del régimen por intermedio de los escuadrones represores Esmad contra campesinos y campesinas que protestaban pacíficamente ante la grave crisis humanitaria que padece la región.

Igualmente por los continuos incumplimientos del gobierno en la constitución de la Zona de Reserva Campesina, la cual ha sido criminalizada gracias a la desinformación de algunos medios de comunicación.

Este 12 de junio sobre las 9 a. m. el Esmad se dirigió hacia el sitio conocido como La 4, cerca al casco urbano de Tibu vía a Cúcuta donde un grupo de campesinos y campesinas realizaban una protesta pacífica desde el pasado sábado en la vía Tibú- Cúcuta.

A la llegada de los agentes represores dispuestos a disolver y desestabilizar la protesta con su brutalidad, la población civil mostró su rechazo avanzando hacia los uniformados provocando que éstos retrocedieran por varios kilómetros, hasta entrar al casco urbano de Tibú.

Allí muchas personas se unieron a la protesta, respondiendo a la agresión del Esmad con piedras y palos manifestando de esta manera sus inconformidades.

En medio de la turba se declaró un incendio en la casa del alcalde de Tibu. Según fuentes presenciales personas ajenas a la jornada de movilización generaron violencia para disolver violentamente la manifestación.

La asociación campesina Ascamcat rechazó los señalamientos falaces e irresponsables de algunos medios de comunicación, lo mismo que las acciones vandálicas y violentas que personas ajenas al movimiento campesino realizaron para deslegitimar, confundir y acabar con una acción de protesta legítima.

Los labriegos exigieron la presencia del ministro de Agricultura, la gerente del Incoder, Miriam Villegas, del ministro de Minas y Energía, del ministerio de Medioambiente, de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y de la gobernación del Catatumbo.

Igualmente exigieron que de forma extraordinaria se convoque la Mesa de Interlocución y Acuerdo, MÍA, como espacio legítimo que fue reactivada el pasado 2 de marzo del 2013 en el casco urbano del municipio de convención y que cuenta con el apoyo de los alcaldes, personerías y concejos municipales.

ONG de derechos humanos de Italia le reclama a Santos su incumplimiento con la Comunidad de Paz
Por: Camilo Raigozo

La organización internacional defensora de los derechos humanos de origen italiano, Rete Italiana di Solidariet, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que le reclama por no haber retractado al Estado Colombiano ante la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

A continuación transcribimos apartes de la misiva pública:

Carta abierta al presidente de Colombia

Narni, 12 junio de 2013

Señor
Juan Manuel Santos
Presidente República de Colombia

Respetado Presidente,

Recibimos con mucha desesperanza la noticia de que Usted, máxima autoridad del estado colombiano, canceló  a última hora, su participación en el acto  de retractación y rectificación del gobierno colombiano ante  la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Acto organizado por el Ministerio del Interior como acatamiento a la orden emanada por la Corte Constitucional en el Auto 164/12 del 6 de julio del 2012.

Su participación habría sido fundamental para demostrar a los campesinos y campesinas,  miembros de la Comunidad de Paz y a las organizaciones internacionales que los acompañamos,  que su gobierno tiene la voluntad política  de  reconocer  la verdad y recuperar,-

con hechos reales, la confianza de los miembros de la Comunidad de Paz, quienes con legítimas razones exigen la devolución de su buen nombre y la retractación de todas las calumnias y señalamientos indebidos, realizados por funcionarios estatales en contra de su honra desde hace casi una década.

La Comunidad de Paz ha expresado reiterada y oficialmente a todos los niveles que para poder reiniciar un diálogo, basado en la confianza, con el Estado se han de cumplir las siguientes condiciones:

(i) mover el puesto de policía del casco urbano de San José de Apartadó; (ii) crear una Comisión de Evaluación de la Justicia; (iii) que el Presidente Álvaro Uribe Vélez, o quien haga sus veces, rectifique, públicamente, lo expresado hasta ahora en contra de la Comunidad de Paz; y (iv) el respeto de las reglas que rigen las Zonas Humanitarias.

En efecto, en la reunión sostenida el seis (6) de julio de dos mil doce (2012) en el marco del seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-1025 de 2007 por la Corte Constitucional,-

en respuesta a la solicitud de la Comunidad, los mismos representantes de su gobierno ofrecieron retractarse de las acusaciones realizadas en contra de ésta y de sus acompañantes, así como hacer pronunciamientos públicos para finalizar con este tipo de señalamientos.

En  particular, es de vital importancia  negar explícitamente las acusaciones de su antecesor Uribe Vélez, gobierno del cual Usted también hizo parte en calidad de Ministro de Defensa. Dichas acusaciones realizadas, concretamente, el 27 de mayo de 2004 y el 20 de marzo de 2005, se apoyaron en falsos testigos y montajes preparados por miembros de la fuerza pública y del poder judicial.

Éstas han suscitado fatales consecuencias, todas vez que han sido reproducidas en numerosos medios masivos de información nacionales e internacionales y han servido de justificación a la fuerza pública y al poder judicial para perpetrar centenares de arbitrariedades contra la Comunidad y contra el campesinado de su entorno.

Por ello, desde el primer contacto con el Ministerio del Interior, la Comunidad manifestó con absoluta claridad y contundencia que solamente consideraría como retractación proporcional,  una manifestación explícita del Presidente de la República, ya que había sido un mandatario con ese alto rango quien había cometido la calumnia. 

Por lo tanto, no obstante la buena voluntad del Señor Ministro del Interior Fernando Carrillo y de su equipo de trabajo en la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio, quienes han preparado la logística de la ceremonia, reiteramos que esta no basta.

Por ello, señor Presidente, si realmente quiere acatar el espíritu del auto 164/12  emanado por la Corte Constitucional, le pedimos que como un gesto de  buena voluntad retracte, como máxima autoridad del Estado colombiano,-

en público y a través de los medios de comunicación,  las calumnias realizadas por el expresidente Uribe y otros altos funcionarios del gobierno contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Esperamos que Usted reconozca públicamente que la Comunidad de Paz la conforman un  grupo de campesinos y campesinas que solo buscan vivir en paz.

Le recordamos  que esta comunidad ha sido galardonada internacionalmente por organismos como la Unión Europea, entre otros,  por su trabajo a favor de la paz y del respeto de los Derechos humanos.

Cordial saludo,

Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive!


Terrorismo de Estado/
“Se está dando una persecución contra la organización”: víctima de falso positivo judicial
Por: José Antonio Gutiérrez D.

Recientemente hablamos con Guillermo Antonio Cano Borja, veterano luchador agrario colombiano, coordinador del área de derechos humanos la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol, miembro de la junta ejecutiva de Fensuagro, sobreviviente de la Unión Patriótica y actualmente militante de la Marcha Patriótica.

Nos remitimos al más reciente capítulo en la historia de vida de este luchador social, desde la formación de Astracatol, marcada por la persecución y la represión oficial desde su nacimiento, hasta su reciente captura y el arresto domiciliario que padece.

El 8 de Mayo fue capturado, junto a otros siete campesinos de Astracatol (Ramiro Bazurdo Gonzalez, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García), en un exagerado operativo militar que fue transmitido por todos los medios de comunicación.

Ha sido sindicado de supuesto auxiliador y financiador del Frente 25 de las FARC-EP, acusación plagada de contradicciones.

Por una parte, según el Ejército hace un par de años que este frente guerrillero había sido desarticulado; por otra parte, la Fiscalía fue incapaz de presentar a la defensa las pruebas que tienen para sustentar la acusación, aunque se sabe que su origen serían testimonios de supuestos desmovilizados a sueldo.

Dicho sea de paso, familiares de los campesinos presos de La Marina (Chaparral, Tolima), también afiliados a Astracatol, han puesto una denuncia ante la Unidad de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la República, por la existencia de un “cartel de testigos” utilizado por la Fiscalía en Tolima para judicializar y perseguir a los campesinos tolimenses organizados.

Hay que resaltar que Astracatol es una organización sindical agraria, conformada para avanzar el derecho de los campesinos a la tierra, para luchar por el bienestar material y moral de las comunidades campesinas.

Sin embargo, la más grande lucha de esta organización ha sido por su derecho a existir. Por ello el apoyo a cada uno de los presos de Astracatol es un clamor por la libertad, por el derecho a organizarse, pensar y luchar, negado cotidianamente al pueblo colombiano.

Entrevista con Guillermo Cano:

¿Cómo fue el proceso mediante el cual se funda Astracatol?

Bueno esta organización es directamente compuesta por campesinos… se conforma en Octubre del 2007, más concretamente por una gran movilización de más de 20.000 campesinos que nos dirigimos a Ibagué, capital del departamento de Tolima.

Allí estuvimos más de 20.000 campesinos luchando y reclamando nuestros derechos, la defensa de los derechos humanos violados constantemente a los campesinos por parte de las fuerzas represivas del Estado.

La organización surge como una necesidad de defender la vida, el derecho a la vida, la salud, la educación, cosas consagradas en la Constitución pero que no se respetan.

¿Desde el comienzo ha habido represión en contra de Astracatol o es un problema reciente?

Precisamente es la constante violación al derecho a la vida por lo que nos movilizamos cuando nace Astracatol, y después de conformarnos como organización, y que hemos venido cumpliendo con nuestro deber como directivos, se ha venido agudizando la represión contra los líderes de Astracatol en todo el departamento.

Hemos tenido muertos, el más reciente es Héctor Orozco, vicepresidente de la sección de Chaparral, de La Marina.

En estos momentos está preso Saan Maceto de la directiva de esta seccional, también de La Marina, y hay otros compañeros de esa localidad que también están prisioneros. Digamos que se está dando una persecución contra la organización.

¿Cómo fueron las circunstancias de su arresto?

Primeramente quiero dejar en claro que yo estoy sufriendo una persecución política de hace muchos años atrás por mi defensa de los derechos humanos y de los trabajadores, de la clase popular.

Por eso es que yo vengo sufriendo esa persecución en la vereda Vegas del Café, del municipio de Dolores, donde resido hace 12 años. Yo soy miembro directivo de Astracatol y pertenezco también al ejecutivo de Fensuagro, por eso se me ha  venido amenazando de hace varios años.

Ya a principios de mayo, el día nueve, me aborda la tropa, el ejército nacional, me invaden el lugar de residencia, me retienen.

Luego llega un helicóptero con la policía judicial y me hacen el allanamiento… registraron toda mi vivienda y no hallaron ningún documento que me incriminara, solamente hallaron cosas pertenecientes a la Marcha Patriótica y Astracatol.

De esos documentos, ninguno de ellos lo retiraron pero si estudiaron todos los documentos y entonces es cuando proceden a leerme una orden de captura en mi contra del juzgado de Purificación, donde se me ordena la captura como sindicado de rebelión.

Me trasladan de ahí a la vereda La Chica, municipio de Prado, porque ahí hay una base militar de hace unos 10 años.

Ahí es donde nos reúnen a los ocho detenidos antes de llevarnos hacia la Fiscalía hacia las ocho de la noche, en una buseta, custodiados por policía judicial y ejército. Nos conducen hacia la inspección de policía de Purificación y al otro día somos trasladados a la fiscalía, donde comienza el proceso de legalización de captura.

El fiscal pide medida de aseguramiento carcelaria pero el veredicto que emite la juez de garantía de aseguramiento domiciliario. Entonces somos conducidos el viernes 10 a la cárcel de Purificación y luego al otro día nos hicieron el registro al Inpec y desde este momento tenemos la detención domiciliaria y dependemos del Inpec.

Incluso para obtener asistencia médica tenemos que acudir a la dirección del Inpec en Purificación, es una situación muy complicada. El día 11 de mayo llegamos a nuestras casas por nuestra propia cuenta, porque ahí sí que no hicieron ese gran operativo para traernos de vuelta a nuestros hogares.

Es inaudito que en nuestra nación, cuando hablamos de paz, se haga semejante despliegue de fuerza, que debe haber valido según calculamos más de cien millones de pesos (39.500 euros) para llevar a enjuiciar a ocho campesinos.

Es inaudito hacer un despliegue publicitario, con ejército, helicópteros y toda esa parafernalia, para capturar a ocho campesinos. Cuando la misma autoridad nos conoce en nuestros lugares de residencia hace mucho tiempo, y sin embargo hacen semejante despliegue para calificarnos de delincuentes.

¿Usted una semana antes había participado en el Foro de Participación Política auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco del proceso de paz?

Claro, yo fui delegado de esta región por Astracatol para participar en el Foro que se realizó en Bogotá los días 28, 29 y 30 de Abril, que lo hizo la ONU y la Universidad Nacional como parte del pacto que había acordado el 25 de marzo en La Habana entre el gobierno y delegados de las FARC.

Se realizó ese foro, con la participación de más de 1500 delegados de las diferentes partes del país y todos estuvimos de acuerdo que en estos momentos la ruta es meterle a la paz. Y ahora nos hacen esto.

¿Cree que su situación refleja un problema más general como es la falta de garantías para quienes se comprometen, desde las organizaciones sociales, a participar en la paz?

Esto es una persecución, porque el gobierno habla de la paz pero al mismo tiempo está bombardeando, no entendemos cuál es su propuesta.

A medida que la población civil y sus organizaciones sindicales, campesinas, nos unimos a favor de ese proceso tan importante para nosotros que en el campo vivimos el rigor del conflicto, ya los servicios de inteligencia de los militares comienzan a sindicar y perseguir a los líderes para hacer aparecer al mundo la noticia que el gobierno, según ellos, tiene voluntad de paz a la vez que combate las estructuras insurgentes.

Esto es todo un montaje, pues nos capturan el 9 de mayo y apenas ocurrido esto, el 10 de mayo, hace presencia en el departamento de Tolima un general con el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón.

Vinieron acá mismo a decir que habían desvertebrado estructuras del movimiento guerrillero. Entonces los servicios de inteligencia, para dar resultados a sus superiores, crean estos falsos positivos contra los líderes que defendemos los derechos de la población.

¿Cómo se vive la militarización en el municipio de Dolores?

Acá continúa totalmente militarizada toda la zona del municipio de Dolores, también de Prado, Purificación, la parte alta de Cunday, Icononzo y también el departamento de Huila. Digamos que en toda el área de la Cordillera Oriental se vive una represión dura, desde hace varios años.

Esto empieza desde el 2003 en adelante, cuando se empiezan a desarrollar varias detenciones masivas. Acá tuvimos 23 campesinos detenidos en una redada el 2003; luego se asesinó a dos jóvenes en esta región, campesinos, unos muchachos nada más, por lo que la población se movilizó contra el casco urbano de Dolores.

El 2004 hubo otra detención masiva, esa vez yo mismo fui detenido por 22 días. Desde entonces continúa ese terrorismo de Estado en estas veredas, en estos municipios. Eo es constante y nosotros constantemente estamos haciendo denuncias de lo que se está dando en la región. Son varios años, 7 u 8, de persecución permanente contra los campesinos.

¿Cuál es la razón que se da para justificar esta militarización?

Inicialmente se dice que porque esta es una zona guerrillera, supuestamente una de las denominadas “zonas rojas”, pero hay otros objetivos principales.

Como en todas partes del país, aquí hay grandes riquezas naturales, y ahora que el gobierno viene hablando de locomotoras, están detrás de yacimientos mineros y otras riquezas que realmente existen en esta región, que además posee grandes fuentes hídricas.

Nosotros, como organización, atribuimos lo que realmente está pasando a una política de Estado para generar desplazamiento de campesinos de las zonas donde están estas riquezas y hacer entrega de los recursos de los colombianos a transnacionales muy interesadas en las riquezas del sur oriente de Tolima.

También en el sur, en Ríoblanco, en Chaparral, tenemos la situación que se están construyendo hidroeléctricas y por eso persiguen a los campesinos allá.

Más concretamente, en Dolores tenemos yacimientos de petróleo descubiertos hace poco y nos persiguen porque las comunidades organizadas hemos hechos resistencia contra la explotación de estos recursos porque nos afectan como campesinos que producimos alimento. En realidad, militarizan porque están detrás de las riquezas mineras y de las fuentes hídricas.

Siguen justificando la militarización, con el argumento de la presencia de la insurgencia, pero el mismo Ejército ha dicho hace años que desarticuló al Frente 25 de las FARC-EP. Incluso, a ustedes los sindican de pertenecer a ese Frente que según ellos mismos ya no existe ¿La guerrilla entonces existe o desaparece según su conveniencia?

Precisamente, mire, es claro lo que le acabo de decir: acá la gran militarización se inicia con esa finalidad de desarticular un frente guerrillero, pero ese frente según la misma versión de ellos, no de los campesinos, sino el Estado, ya no existe.

Nos sindican de auxiliadores de ese frente, pero hace cinco años vienen diciendo que ese frente ha sido desarticulado.

Pero aunque hace cinco años que dicen eso, sin embargo, sigue la militarización, siguen metiendo más tropa y reprimen a los campesinos, porque como ya no hay guerrilleros armados, entonces somos los trabajadores los que tenemos que pagar las consecuencias de esta política corrupta.

El asunto no es, ni antes ni ahora, si ha habido o no guerrilla, es porque hay grandes recursos en la zona que quieren entregar a las transnacionales y nosotros les salimos al camino porque nosotros sí que defendemos la vida y los recursos naturales, y los seguiremos defendiendo aunque nos repriman y violenten.

Recientemente hubo una masiva movilización en Ibagué contra la megaminería, representada en el proyecto de La Colosa, de la AngloGold Ashanti, que pretende hacerse en el municipio tolimense de Cajamarca.

Hay quienes entonces hablaron de un  paro cívico departamental incluso. ¿Qué opina usted de esta lucha que es muy semejante a la de ustedes?

Hace dos meses se hizo la Mesa por la Defensa del Ambiente en Cajamarca, donde está La Colosa… yo participé en esa ocasión como campesino en la defensa de los recursos que nos quieren robar y dejarnos solamente destrucción.

Desde todos los rincones de Tolima seguimos movilizados en contra de esa explotación, porque si este proyecto sigue para adelante, sería el acabose, acabarían con el 70% de la agricultura del departamento, de sus recursos hídricos, sería un daño inimaginable.

Eso continúa, esa lucha va para largo, y desde acá condenamos este proyecto que no considera a los campesinos, a las necesidades reales del país y de las futuras generaciones, y le hacemos frente para que no se dé esa explotación.

Vea, hace dos semanas renunció el gerente que tenía la empresa al frente de esa mina de oro y sigue la controversia, porque afortunadamente el director de Cortolima y hasta el gobernador se han manifestado a favor de los campesinos y su protesta.

Hasta las autoridades nos apoyan, no sólo en Cajamarca sino que en todos los municipios vecinos, así que continuaremos haciendo resistencia contra esta trasnacional minera, porque ese es un genocidio que se pretende cometer contra nuestra humanidad tolimense.

Muchas gracias por su tiempo, ¿tiene alguna última palabra?

Desde este medio y desde todos los medios nacionales e internacionales, quiero decirle a las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de que hagamos un pronunciamiento real, sincero, en la defensa de las fuerzas populares que estamos al frente reclamando nuestros derechos.

Que se oiga ese eco en todos los rincones del mundo y que ojala nos acompañen en este proceso de paz y en nuestra lucha desde el Tolima por la vida. Muchas gracias.


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lunes, junio 10, 2013

Falsos positivos judiciales/
Hoy última audiencia para los presos de La Marina (Tolima)
José Antonio Gutiérrez D.

Este 11 de junio, es la última audiencia en el caso de los presos de La Marina, Chaparral, quienes fueron apresados entre Noviembre del 2011 y Marzo del 2012, sin sentencia y con flagrantes irregularidades en todo el proceso. 

Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín (originario de Las Hermosas), Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey (de Ríoblanco)-

están esperando que se dicte la sentencia en un proceso en el cual se les culpa del delito de rebelión y financiación a “grupos terroristas”, pero en el que en realidad se les persigue por ser miembros del sindicato campesino de Tolima, AstracatolL (afiliado a Fensuagro),-

por su participación en la organización comunitaria, y por su oposición al proyecto hidroeléctrico de ISAGEN en el alto Ambeima. En medio de la consolidación territorial del Ejército, organizarse y opinar son delitos.

Nuevas pruebas dejan en evidencia el montaje judicial 

En la audiencia de 14 de Febrero recién pasado, se evidenció que, al menos, 5 de los supuestos guerrilleros desmovilizados –Jeferson Rodríguez Giraldo, Jhonatan Mauricio Mora, José Rodrigo Vera Yate, José Ovidio Lasso y Alexander Oviedo Clavijo- que habían señalado a los presos de la Marina como “milicianos” y “auxiliadores” del Frente 21 de las FARC-EP,-

no habían siquiera pasado por la insurgencia, ya que no aparecían en la base de datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), ente que regula el proceso de desmovilizaciones.

El Juez Penal Primero Especializado de Ibagué desestimó esta contundente prueba, aduciendo que el momento procesal para hacerlo ya había pasado.

Ante esta situación de flagrante violación del derecho a la legítima defensa, familiares de los presos de La Marina decidieron movilizarse hasta Bogotá para radicar, con fecha 9 de Mayo, una denuncia penal ante la Fiscalía General contra estos supuestos desmovilizados por fraude procesal y falso testimonio.

Según el abogado Gustavo Gallardo, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, que representa a los presos de La Marina, estos testigos “no son reinsertados, nunca fueron guerrilleros, son testigos pagos de la Fiscalía en Ibagué.

Son mercenarios: utilizan a estos mismos testigos en otros procesos, por eso hay que cortar esto de raíz y se radicó la denuncia ante la Fiscalía General”. 

En la audiencia del 25 de Abril, se acogió el testimonio del comandante guerrillero Estiven, del Frente 21 de las FARC-EP, capturado hace apenas unos meses, quien afirma no conocer a ninguno de los testigos de la parte acusadora, salvo a Lucero Váquiro, quien es hermana de un “desertor” de la guerrilla, conocido como “Navarro”.

Según él, se le habría acercado un par de veces para tener noticias de su hermano, pero que nunca manifestó ningún interés en el movimiento. De los acusados, decía referenciarlos como líderes comunitarios pero que jamás formaron parte de la estructura guerrillera.

Basta de persecución a Astracatol

Según todo lo que hemos podido constatar y observar, incluso según los testimonios de funcionarios públicos tolimenses durante el proceso, existe una persecución contra los campesinos organizados, hay redadas masivas, les montan juicios y luego los dejan ir por falta de méritos.

El día 4 de Marzo, los dirigentes de Astracatol Maribel Oviedo, Onán Cortez y Osiel Giraldo, fueron retenidos ilegalmente en el corregimiento de Riomanso, municipio de Rovira, por efectivos militares adscritos a la Sexta Brigada.

Afortunadamente, fueron liberados en 24 horas, pero no sin antes ser amenazados y atormentados. Posteriormente al paro cafetero (Febrero-Marzo), también hemos documentado amenazas y acoso por parte de la fuerza pública contra los dirigentes que participaron en estas jornadas de paro agrario en el departamento de Tolima.

El día 9 de Mayo, por orden del Juzgado de Purificación, fueron capturados ocho dirigentes de Astracatol de diversas veredas del municipio de Dolores: Ramiro Bazurdo Gonzalez, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García.

Guillermo Cano es el Coordinador del Área de Derechos Humanos de Astracatol y apenas una semana antes había estado participando en el Foro sobre Participación Política organizado por el PNUD en el marco del proceso de paz de La Habana.

Así se castiga a los que se hacen eco del llamado a la participación popular en las instancias legítimamente constituidas del proceso de paz.

Estos campesinos son acusados de pertenecer al Frente 25 de las FARC-EP; curiosamente, a mediados de Julio del 2011 el Ejército y los medios de prensa anunciaban, con bombos y platillos, que el Frente 25 había sido desarticulado por la “presión militar” de las fuerzas armadas [1].

¿En qué quedamos entonces? ¿El Frente 25 existe o no existe? ¿Desparece cuando les conviene y vuelve a aparecer cuándo les conviene?

Estas inconsistencias son prueba de lo grotesco de las acusaciones en contra de los miembros y dirigentes de Astracatol. Estos campesinos hoy se encuentran bajo arresto domiciliario. 

Por esta persecución constante en contra de esta organización, más de 300 intelectuales, personalidades, personas solidarias y simpatizantes internacionalistas han firmado una carta internacional de solidaridad con Astracatol y de protesta ante la arbitrariedad de las autoridades.

Esta carta (traducida al inglés, francés, alemán, sueco, árabe, esperanto, italiano, catalán, griego, turco, árabe y al persa) tiene entre sus adherentes a personalidades como James Petras, Franck Gaudichaud, François Houtart, Santiago Alba Rico, Kathleen Lynch, Renán Vega Cantor, Hernando Calvo Ospina, Maire Nic Ghiolla Phádraig entre otros.

También se cuentan entre ellos varios sindicalistas internacionales y representantes del movimiento estudiantil chileno.

En esta carta se exige la libertad sin condiciones para todos los presos por luchar en el Tolima, así como el cese al hostigamiento en contra de los miembros de Astracatol y de los abusos bajo el alero de la consolidación militar.

Tendremos puestos nuestros ojos en el resultado de la audiencia de hoy. El apoyo a los campesinos perseguidos en el Tolima es clave en el pulso que se libra entre el movimiento popular, que busca la paz con justicia social,-

con tierra, con derechos, con dignidad, y el régimen oligárquico, que en una mano sostiene la rama de olivo mientras con la otra da machetazos. Los queremos libres a todos: libres para organizar, libres para luchar, libres para amar.


domingo, junio 09, 2013

Deforma a la salud
Empeora la situación de pacientes trasplantados porque no les dan citas ni medicamentos

Las quejas formales de los pacientes se han incrementado un 43% respecto al año pasado, concluye análisis de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr).

Negativa para entregar medicamentos o programar citas con especialistas son los reclamos más recurrentes.

Negativas para entregar medicamentos, obstáculos para programar citas o cirugías, desatención por liquidación de algunas EPS y cambios imprevistos de las instituciones (IPS) donde atienden a los pacientes-

son las principales quejas que la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr) ha decidido presentar a la Superintendencia de Salud ante empeoramiento de la  situación de sus afiliados en el último semestre.

De acuerdo con un informe preparado por esta organización dedicada al apoyo y la defensa de los derechos de los pacientes trasplantados o con enfermedades hepáticas y renales, en lo que va corrido del año ha habido un incremento de un 43%, respecto al mismo periodo del año anterior, en el número de reclamos tramitados ante las instituciones del sistema de salud.

Según el informe, la mitad de las quejas (47%) están relacionadas con la negativa de las EPS para entregar los medicamentos, mientras que una tercera parte (33%) se debe a dilación para dar citas.

Los casos restantes se deben a negativas para programar cirugías (10%) y a los cambios de las IPS contratadas por las EPS para la prestación de estos servicios (10%), lo que acarrea la interrupción de los tratamientos.

“Los mayores damnificados de esta incertidumbre en el sistema de salud no son ni el Ministro ni los congresistas; son los pacientes”, asegura la hermana María Inés Delgado, directora ejecutiva de la Acehr. “Ahora resulta que las EPS, temerosas de desaparecer, cuidan sus gastos a expensas de la salud de las personas”.

A juicio de la Acehr, la situación se ha tornado dramática para los pacientes trasplantados. Entre otros casos, la asociación registra el de una paciente de 59 años, afiliada a Caprecom, que no recibe tratamiento desde enero.

También, el caso de una paciente de 66 años cuya EPS, Humana Vivir, la remite a una IPS con la que ya no tiene convenio, situación que le ha impedido recibir sus medicamentos durante los últimos siete meses.

El informe describe asimismo casos el caso de una paciente de 66 años, igualmente afiliada a Humana Vivir, que debe acudir a tres instituciones en Bogotá, todas ellas distantes entre sí, para recibir sus medicamentos; o el caso de un paciente de 32 años y afiliado a Saludcoop al que no le entregan sus medicinas a pesar de mostrar la autorización respectiva.

Entre otras EPS mencionadas en el informe figuran Famisanar, Solsalud y Sanitas.

“Llevamos más de un año levantando la voz y no nos han escuchado”, asegura la hermana María Inés Delgado, directora ejecutiva de la Acehr.

“El año pasado, la negativa para entregar los medicamentos era el desconocimiento y la confusión de las EPS frente a la sentencia de la Corte Constitucional que homologó el Plan Obligatorio de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado”.

La religiosa –que es paciente hepática trasplantada– observa con preocupación que actualmente las EPS en proceso de liquidación no están informando a los pacientes sobre la obligación que ellos tienen de trasladarse a otra entidad.

También señala que la falta de tratamiento en los pacientes que ella representa puede echar a perder el órgano trasplantado, pues justamente la función de los fármacos es evitar el rechazo inmunológico.

Sobre la Acehr

La Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr) es una organización sin ánimo de lucro que vela por los derechos de los pacientes con patologías de hígado o riñón.

Fundada en 1999, Acehr trabaja especialmente a favor de personas de escasos recursos que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud o para sobrellevar su enfermedad.

Entre sus programas incluye asesoría jurídica, espiritual y psicológica, soporte médico y científico, prevención y educación, casa de acogida y rehabilitación laboral para pacientes.

Acehr trabaja de la mano con diferentes actores del sistema de salud a fin de mejorar la calidad de vida de todos sus miembros. Actualmente cuenta con unos 1.200 afiliados.


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